Acciones de la Defensora del Pueblo con el propósito de asegurar la atención primaria de la salud
03/06/2010 La Defensora del Pueblo, Dra. Ana Piccinini, reclamó al titular del IPROSS el rápido tratamiento de un nuevo convenico -recientemente vencido- con el Colegio Médico Zona Atlántica.   El objetivo es asegurar la atención primaria de la salud a afiliados al IPROSS de la region de ese Colegio Médico. A esos efectos, en su nota al Presidente del IPROSS, Dr. Alcides Pinazo, la Defensora Piccinini le expresa haber tomado conocimiento del vencimiento operado el 31-05-2010 del convenio celebrado con los médicos integrantes del Colegio Médico de la .Zona .Atlántica, a los efectos que otorgue  la cobertura total a las prestaciones de salud correspondientes al primer nivel de atención a los afiliados radicados en su jurisdicción y que, oportunamente, fuera objeto de un largo debate judicial.

Expresa asimismo la Defensora del Pueblo que: “en dicho marco y existiendo un riesgo inminente a la ausencia de atención primaria en la zona afectada a partir de la falta del convenio que lo rija, volveríamos a la situación vivida antes del año 2007 con el cobro directo de la consulta”;  motivo por el cual solicita se informe detalladamente respecto de;

a)    Las negociaciones y/o medidas dictadas por ese Instituto a los efectos de extender los derechos reconocidos en el fallo mas halla del plazo citado; inconvenientes y/o trabas presentadas, como asimismo toda otra consideración que permita comprender a esta Defensora del Pueblo el posicionamiento de las partes respecto de la problemática.
b)    Indique el estado del cumplimiento de los pagos en el marco del convenio recientemente concluido, como asimismo respecto de los restantes vigentes.
c)    A los efectos de ilustrarme en forma amplia de la problemática, informe el estado de situación respecto de la Federación de Clinicas (FECLIR), convenios vigentes, sus condiciones y estado de deuda.-
La Defensora del Pueblo Doctora Piccinini  expresa finalmente que lo expuesto lo realiza a los efectos de evaluar los pasos a seguir para evitar la nueva afectación de derechos constitucionales expresamente reconocidos.
 
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