| Por la obra pública |
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13/04/2010 La Defensora del Pueblo manifestó coincidir con las informaciones periodísticas que dan cuenta sobre la forma en la que se otorga la obra pública en la provincia
Recordó al respecto la Defensora Piccinini que en su ultimo informe “in voce” ante la Legislatura Provincial, en el capítulo referido a la situación de la Obra Pública en Río Negro, a raíz de los constantes reclamos y requerimientos que esta Defensoría ha recibido respecto a las necesidades de obras de mejora en edificios afectados a los servicios sociales y obras de infraestructura básica para sectores de menores recursos llevaban a preguntar; “como se define la obra pública en la Provincia, quien determina los proyectos y prioriza su ejecución y si esta se realiza en función de las necesidades reales de la gente o en función de acuerdos políticos y sectoriales o por acuerdos corporativos con empresas contratistas. Si se utiliza cualquiera de estos mecanismos de distribución, separados o en conjunto, no cabe duda que se abre el camino a una aplicación, cuanto menos, arbitraria de los recursos públicos y se desemboca, irremediablemente, en la corrupción administrativa. La distribución de los recursos públicos y asignación de las obras a las empresas contratistas son dos temas que requieren una respuesta concreta a la gente, sostuvo la Defensora. Ello – afirmó también la Doctora Piccinini - tiene que ver con el plan de gobierno y si su ejecución no es la correcta tendrá una condena política, pero si la contratación de las empresas no está en concordancia con la ley entonces la condena debe ser la que la ley impone. La pregunta inmediata que le surge a esta Defensora, indicó también, es: “se está cumpliendo con la ley de Obras Públicas? Hablo del cumplimiento real y leal de la ley y no de su utilización para hacer parecer prolijos los acuerdos de los funcionarios del Gobierno con los empresarios.” Recordó al respecto la Defensora Piccinini, que la Ley 286 fue creada con el fin de dar transparencia a la adjudicación y ejecución de las obras públicas, a la determinación de sus costos y a la calidad de las mismas. Pero las distintas modalidades que se fueron incorporando con el paso del tiempo, han transformado esta ley en una mera formalidad. Sostuvo también durante su informe ante la Legislatura la Defensora del Pueblo que es necesario volver a la aplicación plena de la Ley de Obras Públicas, y anticipo que esa es una de las principales tareas que impulsará en este año en el marco de sus acciones. Pidió asimismo que sus expresiones sean tomadas por el Gobernador Saiz como una recomendación expresa de la Defensora del Pueblo, y si comparte mis dudas, puntualizó, “lo invito a que sea él, quien lleve el desenvolvimiento de la Obra Pública en Río Negro a la Justicia, para que se investigue y se revise. “Nosotros, afirmó la Defensora Piccinini, desde luego haremos nuestro aporte, con la prueba que tenemos, y el entrecruzamiento de información y datos a lo que estamos seriamente abocados.” |
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