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Base legal

La base legal de nuestra Defensoría del Pueblo se fundamenta en el Capítulo VII – Órganos de Control Externo – Artículos 167, 168 y 169 de la Constitución Provincial, sancionada y promulgada el 3 de junio de 1988 por la Convención Constituyente.

Artículo 167: “Corresponde al Defensor del Pueblo la defensa de los derechos individuales y colectivos frente a actos, hechos u omisiones de la Administración Pública Provincial. Supervisa la eficacia en la prestación de los servicios públicos. De advertir infracciones o delitos en materia administrativa, da intervención al Fiscal de Investigaciones Administrativas. Sus funciones son reglamentadas por ley y su actuación se funda en los principios de informalismo, gratuidad, impulsión de oficio, sumariedad y accesibilidad”.

Artículo 168: “Para ser designado Defensor del Pueblo se deben tener los mismos requisitos que para ser legislador; le comprenden las mismas inhabilidades, incompatibilidades e inmunidades y no puede ser removido sino por las causales y el procedimiento establecido para el juicio político. Es designado por la Legislatura con el voto de los dos tercios de sus miembros. Dura cinco años en la función y puede ser redesignado. Está obligado a rendir un informe anual a la Legislatura antes del período ordinario de sesiones, el que es tratado en sesión especial; puede elevar informes extraordinarios cuando lo estime necesario”.

Artículo 169: “La ley establece la organización, funciones, competencia, procedimientos y situación institucional del Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Investigaciones Administrativas y Defensor del Pueblo”.

 

La Legislatura Provincial sancionó la Ley reglamentaria de esta Institución el 22 de diciembre de 1993, promulgada por el Poder Ejecutivo Provincial el 21 de febrero de 1994 bajo el Nº 2.756.

 

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