• Modificar tamaño de texto

La Defensoría del Pueblo es un órgano de control que actúa con plena independencia y autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad, para la defensa y protección de los derechos humanos.

El Organismo interviene ante actos, hechos u omisiones de la administración pública provincial que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente e inoportuno de sus funciones. Además, el Defensor del Pueblo debe observar la calidad de los servicios públicos, defender el medio ambiente, ocuparse de la defensa en juicio de los derechos difusos o colectivos que no puedan ser ejercidos por personas o grupos en forma individual, investigar todo hecho que suponga un ataque o lesión de la libertad de expresión e información. La Defensoría del Pueblo puede mediar y conciliar entre la administración y la persona perjudicada. Así, en algunas oportunidades, el Defensor actúa de mediador o conciliador para resolver los conflictos.

Por otra parte, el Defensor, lleva adelante acciones de promoción de los derechos humanos generando una cultura de respeto por los mismos.

También, este Organismo puede impulsar cambios legislativos y administrativos para lograr la ratificación y puesta en vigencia a nivel interno de tratados internacionales de derechos humanos.

A su vez tiene las facultades para iniciar acciones constitucionales como recursos de amparo y habeas corpus o de protección constitucional.

Finalmente, está facultado, también, para monitorear situaciones que puedan generar violaciones a los derechos humanos, principalmente a determinados grupos de la población como las mujeres, los niños, personas adultas mayores, indígenas, ciudadanos privados de libertad, ante conflictos sociales o políticos y ante situaciones de derechos económicos, sociales y culturales.

Es oportuno aclarar que las demandas crecientes, en un escenario socio-económico complejo, hacen que los desafíos a afrontar y resolver por parte del Defensor vayan más allá de la representación de los derechos individuales y colectivos. Y esto es así cuando se comprueba como la gente que se siente desamparada, sufrida, cansada, en la que subyace esencialmente una desconfianza frente a la actuación del Estado, frente a sus dirigentes, frente a sus organizaciones tradicionales, apela a otras Instituciones en la esperanza de ser oídos y resueltos en el reclamo de sus derechos que considera han sido vulnerados.

Así, la Defensoría del Pueblo surge expectante como modalidad operativa de solución de conflictos. Busca celeridad, sencillez, austeridad, justicia y fundamentalmente respuesta. Cuando esa persona habla traduce una desilusión, un descreimiento y una sensación de desprotección. En suma, está pidiendo apoyo, ayuda, lo que no implica necesariamente una resolución favorable a su queja. A veces, incluso, necesita que le expliquen por qué no tiene razón.

Por ello se dice modernamente que, en realidad, la Defensoría del Pueblo canaliza el descontento social y ejerce presión ante las instituciones para solucionar los problemas, redefiniendo el ámbito de la resolución de estos conflictos.